jueves, 21 de julio de 2016

La financiación del sistema público de pensiones español ante el reto del envejecimiento

Las pensiones son un tema objeto de continuo debate en la mayor parte de las sociedades avanzadas (en el resto no lo son porque no tienen pensiones o son muy reducidas en cobertura y cuantía). El progresivo agotamiento del Fondo de Reserva desde los 66.814 millones de euros disponibles en 2011 a los 23.000 actuales, sirve de enganche para escuchar en España muchas opiniones en los medios de comunicación y en la redes sociales sobre este tema, aunque siendo estrictos, la mayor parte de ellas suelen manejar conceptos muy simples y tienen un claro sesgo ideológico del opinador o, más bien, están muy condicionadas por la cercanía a uno u otro partido político.

Los recursos del actual Fondo de Reserva difícilmente superarán diciembre de 2017, porque para que fuera de otra manera habría que reducir las actuales pensiones o conseguir bastantes ingresos en poco tiempo. El déficit en el presente año, 2016, se situará alrededor del 1,5% del PIB, pero lo que es más importante la recuperación del ciclo económico difícilmente lo reducirá por debajo del 1,1% del PIB. Se lee en algunos foros que si recuperamos el nivel de empleo anterior a la crisis, se conseguirá enjugar el déficit. La realidad dice que a corto plazo, la respuesta es negativa por varias causas. 

En primer lugar, la producción potencial española no va a permitir alcanzar el nivel de empleo de 2008 porque como es conocido estaba apoyado en una burbuja que nos lleno de deuda a familias y empresas. Lo lógico es no ser capaces de crear una estructura productiva alternativa en tan poco tiempo. Los cálculos de los expertos (recomiendo seguir los trabajos de la AIReF) sitúan el cierre del output gap en 2018, es decir en ese momento la economía española alcanzará su nivel potencial de producción (renta) ajustado a sus posibilidades reales. De manera que a partir de este momento será mucho más complicado incluso mantener una tasa de crecimiento anual del 2% real si no se introducen cambios significativos en la forma de funcionar de la economía española. En este escenario se puede aspirar a crear un máximo de 2 millones de nuevos empleos en 4 años, pero teniendo en cuenta una cosa importante: como el crecimiento del PIB está limitado, a mayor cantidad de empleo menos productividad y, por tanto, menor capacidad de asignar renta a los factores productivos (explicación más detallada aquí). La relación entre ambas variables nos dirige a la segunda causa ¿se puede crear el mismo empleo con salarios más altos? Puede que en alguna empresa la respuesta sea afirmativa, al suponer que la asignación al excedente empresarial es excesivamente alta, pero se abre una seria duda sobre la generalización de esta afirmación. Aunque solo sea porque si se reduce el excedente empresarial, se limita también la posibilidad de realizar las inversiones necesarias para mejorar la empresa y crear más empleo de más valor añadido. De esta forma, es bastante complicado esperar un fuerte crecimiento de los nuevos salarios que les puedan situar en el nivel pre-crisis (recordar que en 2008 teníamos un déficit de balanza de pagos del 10% del PIB).

La suma de ambas causas permite pensar que los ingresos por cotizaciones no van a crecer al ritmo suficiente para cerrar a corto plazo el actual déficit del sistema contributivo de pensiones. Entre otras cuestiones, porque el gasto de éstas va a crecer como mínimo al 3% anual por el doble efecto del mayor número de pensionistas y la más alta cuantía de las entradas sobre las que se dan de baja por fallecimiento. Es decir, que la recaudación por cuotas debería crecer a una tasa anual superior a ese 3%, algo difícil de conseguir con las sendas de crecimiento del PIB mencionadas, para recuperar el terreno perdido. Se puede apelar a la inflación para conseguirlo, pero hay que ser conscientes que esa posibilidad implica más gasto en pensiones o una pérdida de capacidad adquisitivo de las ya existentes.

El sistema de pensiones ha incorporado recientemente dos amplias y profundas reformas (2011 y 2013) que combinaban cambios paramétricos para fortalecer su contributividad aunque tendrán su efecto pleno cuando finalice el largo periodo transitorio aprobado (2023), con cambios estructurales en su funcionamiento (Índice de Revalorización anual de las pensiones). Estas reformas, en mi opinión son básicas para reforzar el sistema público de pensiones, en especial para garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo y porqué no decirlo, fueron centrales para evitar un posible default generado por la pérdida de confianza del sector público español ante terceros. Con la actual normativa, la preocupación por cobrar la pensión debería ser mucho menor, pero queda pendiente dar solución estable al grado de suficiencia de las prestaciones (con un muy alta tasa de reposición en la actualidad en comparación con los países avanzados de Europa) y la eficiencia del sistema de pensiones dentro de la economía española (hay que conseguir una senda de crecimiento sano sin trasladar al futuro cargas excesivas).  

De esta forma, el actual déficit del sistema de pensiones obliga a completar las reformas con más medidas que se deberían plantear en un horizonte a corto, medio y largo plazo. La ponencia que he presentado recientemente en el II workshop sobre pensiones y aseguramiento organizado por la Universidad de Barcelona (ver aquí) analiza con detalle la actual situación, la influencia de las últimas reformas aplicadas y, por último, plantea un abanico de posibles soluciones con sus ventajas e inconvenientes.  

El reto no es fácil porque como planteo en el documento, la sociedad española se enfrenta a una circunstancia excepcional de carácter coyuntural en el tiempo: la llegada de la generación del baby boom a la jubilación, cuando las cuentas públicas españolas no han alcanzado todavía la necesaria consolidación estructural (el déficit puede finalizar el año en torno al 4,1% del PIB). La importancia del asunto, al afectar a millones de personas, obliga a disponer de toda la información para poder planificar el futuro, por eso buscar una solución estable en el tiempo debería ser un tema de obligado consenso en el marco del Pacto de Toledo.

Una última cuestión, los sistemas de capitalización no son ajenos al reto del envejecimiento y un hipotético escenario de bajo crecimiento económico, más al contrario, deben añadir un riesgo adicional a los ya conocidos (más detalle en los dos primeros capítulos de este libro).    






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