jueves, 4 de diciembre de 2014

La revalorización anual de las pensiones

Recientemente participé en el XI Congreso de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social cuyo tema central fueron los retos financieros de la Seguridad Social. El tema de mi ponencia fue la revalorización de las pensiones públicas en España, un tema que hace algo más de un año fue objeto de polémica -algo muy diferente del debate sosegado- con la publicación del Informe sobre el Factor de Sostenibilidad, posteriormente trasladado a norma en la mayor parte de su contenido.

Dentro de las muchas cuestiones relacionadas con este asunto, se puede destacar la influencia de las revalorizaciones anuales en el poder adquisitivo de los pensionistas, pero también la influencia negativa de acumular continuos diferenciales de inflación con los países de referencia, los de la Zona Euro, y el impacto de la evolución de los precios sobre el gasto anual en pensiones.

Los sistemas de pensiones apoyados en el reparto, como es el caso español, necesitan muchos ingresos para cumplir con sus obligaciones. Este sistema maneja magnitudes muy poco conocidas por la población, hasta el punto de no evaluar correctamente el esfuerzo necesario para sostenerlo en el tiempo (más 9.000 millones de euros al mes) y así es habitual escuchar propuestas insuficientes y limitadas. Como ejemplo, toda la fortuna de la persona más rica del país no permitiría pagar la nómina mas allá de unos cuantos meses, a pesar de obligar a vender una empresa con posición transnacional y, por tanto, renunciar a las rentas que crea cada año en el país.

Crecer con estabilidad de precios mejora la competitividad precio del país, pero también abarata el coste de las pensiones sin por ello incurrir los pensionistas en pérdidas.

El nuevo Indice de Revalorización de las Pensiones no limita el crecimiento anual de las pensiones, se limita a establecer una restricción presupuestaria tan sencilla como que los ingresos anuales del sistema deben ser iguales a los gastos. La política, la representación democrática de la soberanía popular, debe decidir cuanto dinero quiere gastar en pensiones fijando la amplitud e intensidad de la cobertura, pero no puede actuar de forma discrecional autorizando cualquier subida difiriendo sine die cómo se asumen los pagos, mirando tan sólo aprovecharse de los réditos electorales a corto plazo. Si quiere gastar más debe buscar los ingresos necesarios para hacer sostenible financieramente el sistema de pensiones.

La ponencia completa en la que se desarrolla la evolución histórica de la evolución anual de las pensiones en vigor, la nueva fórmula aprobada a final de 2013 y su relación con la inclusión del concepto de la sostenibilidad financiera en el sistema de pensiones, se puede encontrar en uno de los capítulos (aquí) de un completo y valioso libro en el que he sido invitado a colaborar en su elaboración, cuyo título coincide con el tema del Congreso.


PD
Añado esta tabla y gráfico al existir una errata en la página 132. Dado que el IPC 2013 fue 0,3%, se produjo una ganancia de poder adquisitivo en ese año del 1,2% que implica un acumulado del 0% en el periodo 1986-2013.







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