miércoles, 16 de abril de 2014

diferencias entre saldo anual cuentas públicas y evolución de la deuda

La deuda pública en circulación de las administraciones públicas a final de 2013 alcanzó los 960.705 millones de euros (93,91% del PIB) medida bajo el criterio del Protocolo de Déficit Excesivo definido por la Unión Europea. Esta cifra está consolidada entre las diferentes administraciones (Estado, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) , es decir, ha tenido en cuenta las deudas entre ellas para no contabilizar lo mismo dos veces. No recoge, sin embargo, la deuda de las empresas públicas (51.610 millones de euros) ni tampoco la deuda emitida por terceros pero que cuenta con el aval del Estado, como es la resultante del déficit eléctrico acumulado (alrededor de 30.000 millones a final de 2013). 

El total de la deuda, por tanto, supera el billón de euros con lo que supone de carga para los actuales y futuros españoles en intereses anuales (3,4 pp del PIB en 2013 que llegaron a ser 5,2 en 1996) y la teórica posterior amortización del principal. Digo teórica porque la práctica desde hace bastante tiempo es no pagar la mayor parte de la deuda gracias a la reducción del porcentaje sobre PIB provocado por el habitual aumento del denominador. Como ejemplo de esta afirmación, el saldo de deuda pública de 1996 (316.607 millones de euros) se ha mantenido casi constante en términos nominales hasta 2007 (382.307 millones de euros) y sin embargo, la relación deuda pública sobre PIB se redujo en 30,5 puntos del PIB (del 66,8% al 36,5%) con la consiguiente mejora de la calificación de la deuda soberana del Reino de España. Esta constatación no reduce un ápice la gravedad de la situación creada por el elevado monto de deuda acumulado por España en un breve espacio de tiempo (+578.398 millones de euros equivalentes a 57,6 puntos del PIB actual desde 2007), ni abre la puerta a seguir generando deuda pública como solución a nuestros problemas.  



El objeto de esta entrada no es analizar las causas de esta evolución, que obviamente tiene mucho que ver con la gran recesión soportada por la economía española desde 2008 después de asistir durante los anteriores años al mal llamado "milagro español", sino con la diferencia entre la evolución de la deuda y los saldos anuales de las cuentas de las administraciones públicas. 

La habitual diferente evolución entre deuda emitida y saldo de las cuentas públicas en cada ejercicio suele generar polémica en los medios de comunicación y redes sociales e, incluso, suspicacias entre algunos analistas. En algunos casos se lanza la acusación de engaño dirigida a las autoridades encargadas gestionar, controlar e informar sobre este importante asunto. Las emisiones de deuda no se limitan a dar cobertura a la diferencia entre los ingresos y gastos normales -denominados en el argot operaciones no financieras- cuando los primeros son menores que los segundos. También es necesario recurrir a la emisión de deuda cuando algunos de los nivel de gobierno decide realizar operaciones de carácter financiero. Por ejemplo, conceder un préstamo a un tercero (empresa privada o pública) o participar en el capital de un proyecto por obligación (mandato de la Unión Europea) o devoción (decisión discrecional). Estas decisiones incluidas en el capítulo de activos financieros necesitan dinero para ser realizadas, pero a diferencia de las anteriores, no se tienen en cuenta en el cálculo anual del saldo de las cuentas públicas, eso que se suele llamar déficit o superávit, porque por lo menos en teoría, debería haber posibilidades de recuperar la aportación y además cobrar intereses o dividendos por la inversión realizada. Por cierto, de haberlos éstos si se consideran un ingreso utilizado en el cálculo del saldo anual de las cuentas públicas (capítulo 5 ingresos patrimoniales).

Hay motivos, por tanto, para que se produzcan diferencias entre el saldo anual de las cuentas públicas y la evolución de la deuda como resultado de la fórmula adjunta.Otra cuestión diferente es considerar que el uso de algunos de los activos financieros no haya coqueteado con "la contabilidad creativa" para ayudar a cumplir objetivos anuales de déficit, como por ejemplo trasladando a empresas públicas algunas inversiones que bien podían estar acogidas en el presupuesto al no existir muchas posibilidades de conseguir la devolución del crédito o la aportación patrimonial.

Evolución anual Deuda Pública (pasivos financieros) = Saldo anual de las cuentas públicas + Variación de los activos financieros (saldo en Pagos y Retornos).

Por distintos motivos considerados adecuados por los sucesivos gobiernos, el uso de los activos financieros como fórmula de financiación de operaciones diversas ha ido creciendo con el paso del tiempo como refleja el gráfico adjunto con las dotaciones iniciales correspondientes a la Administración General del Estado (Fuente: IGAE).  



La observación de los últimos 34 años (1980-2013) muestra un mayor número de años en los que el crecimiento de la deuda fue superior al déficit anual (22 años) que la situación contraria (12 años). En estos casos, los pagos fueron superiores a los ingresos en operaciones realizadas a través de activos financieros, es decir, los pagos realizado fueron mayores que la recuperación de préstamos y la venta de participaciones. La suma de la mayor emisión de deuda sobre los saldos anuales presupuestarios declarados en la larga etapa analizada asciende a 179.265 millones de euros, más o menos el 17,8% del PIB actual. Como curiosidad, los periodos 1992-94 y 1999-2009 son los que concentran mayores diferencias entre ambas variables, siendo responsables de la mayor parte de la desviación acumulada en la etapa estudiada (75,3% del total). 



La última gran diferencia entre ambas variables corresponde a 2012 (39.332 millones de euros) en el que siguiendo la información facilitada por la IGAE hubo bastante actividad en el gasto con activos financieros "... las aportaciones patrimoniales en 2012 aumentan en 22,750 millones, en términos netos ... al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) 16.800 millones de euros; al FROB 6.000 millones de euros; al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 3.809 millones y al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores (FFPP) 500 millones de euros. En este ejercicio se ha realizado un reembolso de 6.000 millones de euros correspondiente a la aportación efectuada en su momento al Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF)".

En 2013 también ha habido bastante movimiento en activos financieros del Estado, tal y como recoge el informe de la IGAE (noviembre) "El aumento de los préstamos netos concedidos por el Estado se debe, en su práctica totalidad, al pago en el mes de noviembre de 15.504 millones al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores; por otro lado, hay que mencionar el préstamo al FROB por importe de 1.865 millones. De las aportaciones patrimoniales del ejercicio, 18.950 millones corresponden a los pagos efectuados al Fondo de Liquidez Autonómico, 3.809 millones a pagos al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), 536 millones al CDTI por pagos de ejercicios cerrados, así como el reembolso neto por importe de 1.101 millones procedente del Fondo de apoyo a la República Helénica. La cartera de valores ha registrado un aumento neto de 1.171 millones, entre los cuales hay que señalar los pagos a SEITTSA por importe de 374 millones, correspondientes a ejercicios cerrados, y 485 millones de gastos por ampliación de capital en el BEI durante el periodo, entre otros de menor cuantía".

Como se puede comprobar el Estado ha estado emitiendo deuda en 2012 y 2013, además de por sus menores ingresos respecto a los gastos ordinarios, para facilitar liquidez a las administraciones territoriales, sobre todo a las comunidades autónomas, que les permitiera el pago de facturas atrasadas y cubrir su déficit ante los problemas que tienen la mayor parte de ellas, para acceder directamente a los mercados. La lógica dice que la deuda será pagada cuando dispongan de dinero suficiente y así, el Estado podrá cancelar las emisiones realizadas, la realidad nos dirá si ha sido así.   

La dimensión del gasto en activos financieros en 2013 (30.809 millones de euros) podría entrar en contradicción con la menor diferencia entre el saldo anual de las administraciones públicas (-72.231 millones de euros con rescate a la banca) y la evolución del saldo de deuda de todas las administraciones públicas (+75.975 millones de euros), pero la explicación  se puede encontrar en el aumento de deuda imputada a las comunidades autónomas en 2012, superior al déficit anual reconocido (24.700 millones de euros) y la inclusión dentro del déficit del Estado de 2013 de una parte de las pérdidas por el rescate de la banca que ya había cubierto con deuda en ejercicios previos (4.476 millones de euros).    

En todo caso para incentivar el debate y evitar incurrir en dudas ajenas a la realidad, lo mejor es disponer de información suficiente sobre las cuentas públicas, presentada de forma manejable y comprensible para todas las personas que tengan interés sobre este tema.    



  

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